En una reciente nota de The Economist (2-9), la prestigiosa revista británica, se ha lamentado que el tema de las guerra contra las drogas no entre en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Luego de registrar las astronómicas sumas destinadas por el gobierno federal para el presente año (18.5  mil millones de dólares, de los cuales 1.5 son para ayuda básicamente policial y militar a los países andinos productores), se señala el costo social en su propio territorio: de los 2 millones de presos que mantiene el sistema carcelario en los Estados Unidos, el 25% lo está por tal motivo, especialmente negros y latinos que cargan preferentemente con la represión policial.

Exteriormente el daño no es menor, señala The Economist. El apoyo brindado al Plan Colombia- admite - pudiera profundizar la agudización de la violencia en la región andina, mientras que el proceso de "certificación" sigue dañando las relaciones con sus vecinos del sur.

Al mismo tiempo- se destaca- pese a décadas de guerra a las drogas, que las sustancias prohibidas siguen presentes en el mercado norteamericano, incluso en el mismo Washington, donde existen bien conocidos lugares de expendio de marihuana .Los "súbitos pero modestos cambios" producidos en algunos estados(Arizona, Colorado, Alaska y California), especialmente para favorecer el uso medicinal de la marihuana,  responderían a la extendida conciencia de fracaso de la política seguida y al auspicio prestado por George Soros a las agrupaciones reformistas que han impulsado tales iniciativas. Por último, señala el editorial que los progresos domésticos no cambian la política general seguida, cuya modificación requeriría un debate público que exige un tipo de coraje rara vez poseído por los políticos. En un país donde el presidente mismo no se atreve a confesar que ha inhalado, resta un largo camino por andar, termina diciendo el editorial que comentamos.

No es la primera vez que The Economist toca el tema de "las drogas". Desde tiempo atrás ha venido abogando por el cambio de la legislación al destacar los daños provocados por la legislación represiva, aunque admitiendo formalmente el supuesto de la existencia de una enfermedad llamada "adicción", para la cual propone un enfoque educativo y terapéutico.

Mi personal posición no se apoya sólo en consideraciones prácticas sino también teóricas. Puesto que la legislación internacional se sustenta en el aparente consenso sobre la existencia de tal "enfermedad"("adicción"), he cuidado ilustrar sobre las razones de mi oposición mediante la investigación documental retrospectiva del caso de la "toxicomanía" o "adicción" que mantiene tradicionalmente el mundo andino. La práctica del coqueo , en efecto, es un caso paradigmático de la distorsión provocada por la "identificación" o "categorización" hecha, no por las ciencias médicas, sino por la gratuita y estigmatizante doctrina psiquiátrica, tal como creo haber demostrado y reiterado desde entonces.

Al igual que en el caso del coqueo andino, el aprovechamiento tradicional de otras plantas ha sido igualmente considerado "problema social", desconociendo su respaldo médico. Es el caso de la marihuana, de la amapola, del opio y recientemente, del khat y del tabaco. La autoridad que mantiene la desinformación sobre tales plantas medicinales del sistema nervioso, usadas tradicionalmente como tales, es el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud que pasa como una instancia científica , cuando es eminentemente política.

Ahora bien. Si lo sostenido es cierto (y a mí no me cabe ya duda), entonces la legislación represiva que tiene su origen lejano en la llamada Conferencia del Opio(La Haya,1912), no sólo es dañina por las consecuencias negativas del mercado clandestino: económicas, sociales y políticas, sino que es un atentado contra la salud, al querer privar a la Humanidad de esos "tónicos", "alimentos nerviosos", o "alimentos de ahorro", tal como en el siglo pasado se referían a las plantas satanizadas por la Psiquiatría, que mantiene su condena gracias al prestigio que le otorga el sistema.

Si la Comisión de Ciencias y Tecnología del Congreso, presidida por el historiador Pablo Macera, en cumplimiento del deber de evaluar los recursos naturales, se dedicara a  revisar en profundidad el caso de la hoja de coca y la cocaína, que es el mejor documentado, estaría abriendo el camino a una respuesta pacífica, sensata y contundente a la "guerra santa" que esta vez no se hace en el nombre de Dios, sino de una presumida "ciencia" que con sus cuentos de horror ha venido maltratando a los seres humanos a lo largo del siglo que termina.

Contrario a la legalización monda y lironda, planteada o criticada por otros, opino que debe darse una legalización con criterio, distinguiendo claramente las plantas y sus productos integrales, de las sustancias extraídas de ellas. Para los mundos campesinos implicados en la "guerra a las drogas"  tal distinción sería una esperanza, desde Thailandia y el Líbano a Quillabamba, la zona cocalera de Cusco, pues las agroindustrias resultantes serían recursos para su desarrollo sostenido en el próximo siglo. Estamos seguros que The Economist apoyaría el gesto de una nación soberana al evaluar su recurso natural sin esperar a que hable en su favor la Casa Blanca.